En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento significativo en el reconocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres y las minorías de género. En muchos países, se han implementado políticas para promover la igualdad de género y combatir la violencia machista, reconociendo que estas cuestiones son fundamentales para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Sin embargo, en el contexto actual, nos encontramos con una noticia que ha causado gran polémica y preocupación: el Gobierno Nacional del presidente Milei ha decidido prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública. Esta medida representa un retroceso alarmante en los avances logrados hasta ahora.

Es importante destacar que el lenguaje inclusivo busca modificar nuestra forma de comunicarnos para ser más respetuosos con todas las identidades de género. Al incluir términos como «todxs» o «todes», se busca visibilizar a aquellos grupos que históricamente han sido excluidos o invisibilizados por un lenguaje excluyente y sexista.

La perspectiva de género, por su parte, implica analizar cualquier situación desde una mirada que tenga en cuenta las desigualdades existentes entre hombres, mujeres y personas no binarias. Esto permite identificar patrones discriminatorios e implementar políticas públicas que promuevan cambios reales hacia una sociedad más igualitaria.

Al prohibir estos dos elementos tan relevantes en la administración pública, el gobierno está enviando un mensaje claro: no le interesa garantizar los derechos ni proteger a quienes históricamente han sido vulnerados. En lugar de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, se están tomando medidas regresivas que perpetúan estereotipos dañinos y discriminación estructural.

Es especialmente preocupante este hecho cuando tenemos presente que vivimos en un país donde aún existe violencia machista. Cada día escuchamos casos terribles donde mujeres son víctimas de abusos físicos o psicológicos simplemente por ser mujeres. Negarle importancia al lenguaje inclusivo significa negar también esta realidad dolorosa; es ignorar las voces silenciadas durante tanto tiempo.

Además, es necesario recordar también el discurso presidencial violento hacia todo tipo diversidad. No podemos permitirnos tener líderes políticos que fomenten discursos basados en prejuicios y estigmatización hacia aquellos diferentes a ellos mismos. El respeto a todas las personas sin importar su orientación sexual o identidad debe ser fundamental para cualquier gobierno democrático.

Por último, es importante recalcar cómo esta decisión afecta directamente a quienes trabajan dentro del ámbito público. Los empleados públicos son responsables de brindar servicios a toda nuestra comunidad sin distinción alguna; deben ser representantes ejemplares del Estado promoviendo valores como igualdad e inclusión desde sus acciones diarias.

En conclusión, el Gobierno Nacional del presidente Milei ha tomado una medida altamente cuestionable al prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública. En lugar de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria estamos dando pasos atrás importantes al negarnos a reconocer nuestras propias desigualdades estructurales.

Lic. Diego Navarro
Consultora Polites