El reciente anuncio del Gobierno sobre la orden a las empresas de medicina prepaga de reducir el precio de sus cuotas y establecer límites a futuros aumentos ha generado un intenso debate en el ámbito económico y político. La resolución emitida por la Secretaría de Comercio que exige la retrotracción de los incrementos y su cálculo a partir de diciembre de 2023, aplicando el Índice de Precios al Consumidor, ha puesto en tela de juicio la política económica vigente y ha llevado a las compañías a evaluar si acatarán dicha decisión.

Este giro en la postura del Gobierno, que parece alejarse de un discurso ultraliberal y anarcocapitalista, en el que se reducía al Estado a una suerte de entidad criminal que despojaba a los ciudadanos, para reconocer la necesidad de intervención estatal en situaciones donde el mercado muestra fallas, ha sido interpretado de diversas formas. Desde la crítica a los aumentos desmedidos en sectores clave como el de la salud, pasando por el sector alimenticio y de servicios, hasta la ausencia de paritarias libres en ciertos gremios, como el de camioneros, se ha planteado la necesidad de correcciones éticas, por lo injusto y brutal del ajuste, por parte del Estado.

La pregunta que surge en este escenario es si este cambio de rumbo en la política económica es simplemente un maquillaje superficial o si representa el inicio de una tendencia hacia un proceso de ajuste más equitativo y sostenible. La noción de que la «mano invisible» del mercado, enunciada por Adam Smith como el mecanismo regulador de la economía, puede transformarse en una suerte de «mano del pungista» que roba a los ciudadanos a través de aumentos indiscriminados en sectores dominados por monopolios, oligopolios o carteles, ha sido puesta sobre la mesa.

Es evidente que el mercado presenta imperfecciones y que es responsabilidad del Estado intervenir para corregirlas y garantizar un funcionamiento más justo y eficiente. Sin embargo, la forma en que se llevan a cabo estas correcciones y la voluntad política detrás de las mismas son aspectos cruciales a tener en cuenta. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la política económica del país o simplemente ante una medida aislada en respuesta a presiones internas y externas? Como se afirmó anteriormente en otros análisis, es un proceso abierto, todo está por develarse.

La incertidumbre y la expectativa están presentes en este momento crucial para la economía y la sociedad en su conjunto. La capacidad de los actores políticos, económicos y sociales para dialogar, negociar y llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la población será determinante en la construcción de un futuro más próspero y equitativo para todos. La transparencia, la responsabilidad y la coherencia en las decisiones tomadas serán clave para generar confianza y sentar las bases de un desarrollo sostenible a largo plazo. “Materias” que el gobierno del presidente Milei, por ahora se la lleva a marzo”.

Lic. Diego Navarro
Consultora Polites